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1 de agosto de 2013 - No. 78: Tarjeta de identidad-Día Internacional de los pueblos indígenas-Vías para refrendar la paz



Revista Electrónica Nuestra Huella Digital, Edición 78, agosto de 2013


Edición No. 78, Año VI - agosto de 2013
La frase del mes
“El actual proceso de paz que desarrolla este gobierno puede traer como resultado inevitable la inclusión de nuevos actores en el ejercicio de la política, tal como ocurrió en los procesos de paz que permitieron que en la Constituyente de 1991 estuvieran representados el M-19, la Unión Patriótica (entre otros)” dijo el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres en entrevista a El Espectador, el 15 de junio de 2013
La cifra: 545.413 tarjetas de identidad
Tarjetas de identidad biométricas se encuentran listas para ser entregadas a sus titulares en las sedes de la Registraduría en el país.
Referendo, consulta, plebiscito o constituyente: las vías para refrendar la paz






La Ley 134 de 1994 definió varios mecanismos de participación en Colombia para que los ciudadanos habilitados para votar puedan participar en las decisiones del país. La Constitución colombiana además señala al voto como el primer mecanismo de participación de los ciudadanos....
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El poder electoral colombiano:
en busca del poder neutro
Participación política y organización electoral en Colombia


El pasado 13 de junio el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, tomó posesión como miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia....
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La identificación de los indígenas Wayúu, un compromiso de la Registraduría



Por. Diana Irene Jimeno Fuminaya
Delegada de la Registraduría La Guajira

La Constitución Política Colombiana, en su artículo 14, consagra como fundamental el derecho a la identidad, al establecer que "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica"...
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La tarjeta de identidad azul biométrica: único documento para los niños y niñas desde los 7 años


Desde junio, los menores de edad desde los 7 años que realicen el trámite para obtener su documento de identidad por primera vez tienen la tarjeta de identidad azul biométrica....
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La tarjeta de identidad: evolución hacia el sistema biométrico

En 1970, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1260 de 27 de julio, facultó a la Registraduría Nacional del Estadio Civil para expedir la tarjeta de identidad para identificar a los mayores de siete años y menores de 21...(ver más...)

Seguridad: el mayor beneficio que trae la tarjeta de identidad azul biométrica



La tarjeta de identidad azul biométrica es un documento con los más altos estándares de calidad y seguridad para la identificación de los menores de edad, que trae beneficios para las familias y el Estado...
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Tarjetas de identidad biométricas producidas desde 2008 (ver más...)
Editorial
Las vías políticas para la paz



Por. Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador Nacional del Estado Civil

Avanza desde finales del año pasado un nuevo proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Un proceso que se desarrolla en el exterior y que se ha caracterizado por la prudencia en las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación sobre el avance y el tono de las discusiones...(ver más...)


Más de 100.000 indígenas han recibido sus documentos de identificación en los últimos 3 años



La Guajira con un gran número de habitantes de las comunidades indígenas Wayúu, Wiwa y Kogui, es el departamento con mayor número de indígenas beneficiados con las campañas especiales de documentación realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Udapv....

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La comunidad indígena está presente en el Congreso de la República




La representación y la defensa de los intereses étnicos se manifiesta en las circunscripciones nacionales especiales, que aseguran la participación de los grupos indígenas en el Congreso de la República...
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La identificación biométrica para niños y niñas desde los siete años ahora es en todo el país

En Colombia los menores de edad adquieren su primer documento de identidad a partir de los siete años...

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Estas son las características de la tarjeta de identidad azul biométrica (ver más...)

La tarjeta de identidad rosada aún está vigente


Los niños y niñas que ya cuentan con su tarjeta de identidad rosada deberán esperar hasta los 14 años para renovarla, lo que quiere decir que en un término de siete años, la tarjeta de identidad rosada desaparecerá...

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Así pasó julio

- Más de 115.000 colombianos ya inscribieron su cédula para votar en las elecciones de 2014..
.
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- Con identificación biométrica de sufragantes y gran celeridad en la entrega de resultados, la Registraduría realizó con éxito la elección de alcalde de Cartagena...(ver más...)


 
Procesos electorales
en curso:



Revocatorias de
mandato 2013



- Florencia, Caquetá
15 de septiembre


- Bogotá D.C.

- Achí, Bolívar
25 de agosto

Elecciones atípicas 2013


- Dosquebradas, Risaralda
11 de agosto


- Chimichagua, Cesar
18 de agosto


 
 
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No. 77, julio 2013


 

Referendo, consulta, plebiscito o constituyente: las vías para refrendar la paz


La Ley 134 de 1994 definió varios mecanismos de participación en Colombia para que los ciudadanos habilitados para votar puedan participar en las decisiones del país. La Constitución colombiana además señala al voto como el primer mecanismo de participación de los ciudadanos.

A raíz de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, desde finales de 2012, hoy en Colombia se discute la posibilidad de utilizar algún mecanismo de participación ciudadana para refrendar los acuerdos a los que llegue el Gobierno Nacional con las Farc.

La Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana prevé seis mecanismos diferentes: 1) la iniciativa popular legislativa y normativa, 2) el referendo, 3) la consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local (que incluye la consulta a una asamblea constituyente) 4) la revocatoria del mandato 5) el plebiscito y 6) el cabildo abierto.

Sin embargo la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 103, prevé no sólo los mecanismos mencionados, sino también “el voto” como el primero de ellos. Con base en este derecho constitucional se han abierto paso iniciativas como el Voto Caribe, que no están contempladas en la Ley 134 pero han podido llegar a las urnas por su valor simbólico y pedagógico, así no tengan carácter vinculante.

La papeleta de Voto Caribe que se incluyó en los comicios de marzo de 2010 obtuvo una votación cercana a los 2.500.000 votos, jalonados en buena parte por la elección de Senado y Cámara, algo que no puede ocurrir con los mecanismos de referendo, plebiscito y las consultas de carácter nacional, previstos en la Ley 134, que deben votarse en jornadas distintas a las elecciones ordinarias, por expreso mandato constitucional y legal.

Entre los mecanismos de participación que se proponen en la actualidad para refrendación de medidas adoptadas en el marco de la negociación de paz, se ha reiterado por algunos sectores la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, debido al antecedente de 1991 cuando el país aprobó mediante votación su conformación y quienes la integrarían para dejar como resultado una nueva Constitución Política para el país.

Precisamente la Constitución Política de 1991 diseñó las herramientas para que se hiciera efectiva la participación ciudadana. La Ley 134 de 1994 tuvo como objeto desarrollar estos principios constitucionales de la democracia participativa. El nuevo esquema democrático diseñado por los integrantes de la Constituyente estableció unas reglas claras para que estos mecanismos de participación fueran efectivos.

Desde la promulgación de la Constitución de 1991 no se ha convocado otra Asamblea Constituyente, ni ninguna consulta popular de carácter nacional, y tampoco se ha realizado ningún plebiscito en el país. Sin embargo, sí se han llevado a cabo 15 consultas municipales y 2 distritales, en Bogotá, para acumular un total de 17 procesos consultivos tras la puesta en marcha del mecanismo con la promulgación de la nueva Carta Política. Por otro lado, el último proceso de plebiscito conocido en Colombia fue en 1957 cuando fueron convocados hombres y mujeres mayores de 21 años para definir cada uno de los puntos planteados por el Gobierno Nacional, entre ellos el que los partidos tradicionales tuvieran equilibrio de poderes, que el periodo presidencial fuera alternado por estos partidos durante 12 años, dando origen al Frente Nacional, y que las mujeres tuvieran los mismos derechos políticos que los hombres, incluyendo el derecho a votar.

A diferencia de las constituyentes y los plebiscitos, que llevan décadas sin ejercerse, los referendos han tenido una creciente actividad en los últimos años, incluyendo el que se adelanta en la actualidad: el referendo Unidos por la Vida que busca prohibir el aborto en todos los casos. Varios no superaron la etapa de revisión de firmas ante la Registraduría, como el referendo de garantías laborales o el de transferencias; otros se hundieron en el Congreso o en la Corte Constitucional, como los del agua, la cadena perpetua para abusadores de menores o el que buscaba un tercer período presidencial; y el referendo contra la Corrupción y la Politiquería que llegó a las urnas en octubre 2003 presentó a los ciudadanos 15 preguntas, de las cuales sólo una alcanzó el umbral requerido para modificar las normas existentes.

En los mecanismos de participación previstos en la Ley 134 pueden acudir todos los ciudadanos habilitados para votar en el censo electoral, pero la ley es clara en que para los casos de referendo, plebiscito o consultas de carácter nacional, su realización no podrá coincidir con ningún otro certamen electoral.

Por los temas a aprobar, el umbral y los requisitos para convocar el plebiscito, la consulta popular, el referendo o la constituyente, existen diferencias profundas entre estos mecanismos de participación. A continuación revise cuáles son las principales diferencias entre constituyente, plebiscito, consulta popular y referendo, los cuatro mecanismos de participación más mencionados por quienes consideran que es necesario convocar a la ciudadanía a las urnas para refrendar los acuerdos de paz que se logren con las Farc, que quizás pueda terminar validándose por una alternativa distinta a las contempladas en la Ley 134 de 1994, y más cercana a procesos pedagógicos como el ya utilizado para el Voto Caribe.

Conozca diferencias y similitudes entre Referendo, Plebiscito, Constituyente y Consulta

Mecanismo Qué es Quién lo convoca Cuáles temas se consultan con este mecanismo Qué le permite a los ciudadanos este mecanismo Qué umbral requiere para ser aprobado Cuándo se convoca Cuál norma lo regula
Referendo Es la convocatoria
que se hace al pueblo para
que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica
o derogue o no una norma ya vigente.
Un número de ciudadanos no menor al
5 por mil del censo electoral solicita a la Registraduría la conformación de un Comité Promotor.
Si es aprobado,
el Comité de Promotores deberá inscribir ante la Registraduría la solicitud de referendo y tiene un plazo de seis meses para recoger apoyos equivalentes al 5% del censo electoral. Certificadas las firmas y las cuentas del Referendo, éste deberá ser aprobado por el Congreso.
Puede ser sobre aspectos generales de relevancia nacional,regional, departamental, distrital, municipal o local. Pueden ser objeto de referendos los proyectos de ley, de ordenanza de acuerdo o de resolución local que sean de la competencia de
la corporación pública de la respectiva circunscripción electoral.
Permite a los electores intervenir en las actividades normativas
de las corporaciones de representación popular.
La decisión que adopta el pueblo mediante el referendo es obligatoria siempre y cuando haya participado
una cuarta parte del censo electoral.
Expedidas las certificaciones por la Registraduría del Estado Civil correspondiente, sobre el número de apoyos requerido, así como la revisión de constitucionalidad a la ley expedida por el Congreso, por parte de la Corte Constitucional; el Gobierno Nacional, convocará el referendo mediante decreto, en el término de ocho días.
El referendo deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Título IV de la Ley 134
de 1994
Plebiscito Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de
la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.
Lo convoca únicamente el Presidente de la República, con la aprobación
y firma de todos los ministros.
El plebiscito versa exclusivamente sobre una determinada decisión del Ejecutivo, que no requiera aprobación del Congreso; excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes. Permite a los ciudadanos intervenir en
el ejercicio de
las funciones propias del jefe del ejecutivo. En ningún caso podrá tratar sobre la duración del periódo constitucional del mandato presidencial,
ni podrá modificar la Constitución Política.
El pueblo decidirá,
en plebiscito,
por la mayoría
del censo electoral.
El plebiscito no puede efectuarse antes de un mes, ni después de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso de la República recibe el informe sobre la iniciativa por parte del Presidente. Título VIII de la Ley 134
de 1994
Constituyente Es un organismo colegiado compuesto por ciudadanos elegidos por la misma ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación y reformar la Constitución. El Congreso de la República, mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, podrá disponer
que el pueblo
en votación popular decida
si convoca
a una Asamblea Constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución.
Se utiliza para
dar forma a la organización política de la nación y reformar la Constitución.
Permite a los ciudadanos solicitar una Constitución Política de Colombia. Cuando menos,
la tercera parte del censo electoral
,
debe aprobar
en las urnas
si se convoca una Asamblea
Constituyente.
Además de la convocatoria de la Asamblea Constituyente,
la Ley debe definir el número de delegatarios, el sistema para elegirlos, la competencia
de la Asamblea,
la fecha de
su iniciación
y su período.
La consulta para convocar una Asamblea Constituyente y
la elección de sus delegatarios
serán dos actos separados.
La consulta deberá realizarse entre los dos y los seis meses a partir de la fecha de la expedición de la ley. Estos mismos términos rigen para la elección de los delegatarios a la Asamblea contados desde
la fecha de promulgación de los resultados
por el Consejo Nacional
Electoral.
Las dos votaciones no podrán coincidir con otro acto electoral.
Título VI de la Ley 134
de 1994
Consulta Mecanismo mediante el cual la rama ejecutiva del poder somete, mediante
una pregunta,
un asunto
de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local,
a consideración del pueblo para que éste
se pronuncie formalmente al respecto.
El poder ejecutivo en cualquiera de sus niveles, dependiendo del ámbito de aplicación de la consulta: el presidente de la República cuando la consulta es de caracter nacional.
Se requiere aprobación del Congreso.
Puede ser
sobre aspectos generales
de relevancia nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.
No se podrán realizar consultas sobre temas
que impliquen modificación
a la Constitución.
Permite a los ciudadanos intervenir y afectar el resultado en
la toma de desiciones
de orden local, municipal, departamental o nacional.
Las consultas
previstas en la Ley 134 de 1994 exigen un umbral mínimo para su validez correspondiente a una tercera parte del censo electoral nacional o local, según el caso.
La votación de la consulta popular nacional se realizará dentro
de los 4 meses después de la aprobación del Congreso.
Artículo 104 de la Constitución Política y el Título V de
la Ley 134
de 1994


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Las vías políticas para la paz



Por. Carlos Ariel Sánchez Torres

Registrador Nacional del Estado Civil

Avanza desde finales del año pasado un nuevo proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Un proceso que se desarrolla en el exterior y que se ha caracterizado por la prudencia en las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación sobre el avance y el tono de las discusiones.

De los cinco puntos incluidos en la agenda de negociación ya fue evacuado el tema relacionado con la política agraria y ahora se avanza en el segundo punto, relacionado con la participación política, que incluye entre otros asuntos la posibilidad de que los miembros de la guerrilla puedan integrarse a la vida civil y conformar partidos o movimientos políticos con personería jurídica que entren en la contienda electoral.

El artículo 122 de la Constitución Política de 1991, que surgió luego de la negociación de paz con el M-19, señala de manera expresa que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

No obstante, lo que ha ocurrido históricamente en el país es que una vez los grupos armados se retiran de la lucha armada y se logra concluir con éxito un proceso de negociación, estos grupos ingresan al escenario político y eventualmente logran representación no sólo en el poder ejecutivo y legislativo, sino también en espacios como el Consejo Nacional Electoral. Actualmente la conformación del CNE se rige por el Acto Legislativo 01 de 2003, de acuerdo con el cual este órgano está conformado por “nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos”.

En el debate que se ha venido adelantando sobre el estatuto de la oposición se ha llamado la atención sobre el hecho de que hay partidos sin representación en el Consejo Nacional Electoral y seguramente este tema de la representación política dentro de la Organización Electoral también será objeto de discusión en el marco de las conversaciones en La Habana.

La discusión avanza en Cuba con la prudencia y el sigilo que ha caracterizado todo este proceso de negociación, pero entre la opinión pública, especialmente en las páginas de opinión de los diarios, ha empezado a debatirse con fuerza no sólo la eventual participación en política de quienes actualmente están en la guerrilla, sino también la necesidad de pensar en algún mecanismo de participación ciudadana que permita la refrendación popular del acuerdo que se suscriba entre el gobierno y la guerrilla.

La importancia del respaldo popular quedó en evidencia el pasado 9 de marzo, cuando miles de personas salimos a las calles en el Día Nacional de la memoria y la Solidaridad con las Víctimas de la Violencia para respaldar el proceso de paz que actualmente se adelanta. Pero más allá del gesto simbólico de la marcha, hay quienes consideran que es necesario adelantar un proceso de participación que implique la aprobación mediante el voto por parte de la ciudadanía.

La Ley 134 de 1994 contempla seis mecanismos de participación ciudadana, entre los que se cuentan el referendo, el plebiscito, la consulta popular y la constituyente, que son hasta ahora los más mencionados entre quienes abogan por una vía popular para refrendar la paz. En cualquiera de los cuatro pueden participar con su voto todos los colombianos que integren el censo electoral. Para los casos de referendo, plebiscito y consultas de carácter nacional, no se puede votar el mismo día de una elección ordinaria de Congreso, Presidente o Autoridades Locales, porque la misma Constitución y la Ley 134 prohíben de manera expresa que coincidan con otro evento electoral, lo cual implica que estos promotores deben hacer un gran esfuerzo de convocatoria para atraer a los ciudadanos a las urnas y lograr alcanzar los umbrales requeridos para cada caso.

Habrá que revisar con detenimiento los requisitos que cada uno de los mecanismos de participación propuestos, incluyendo umbrales y procedimientos, para que se elija el más adecuado de acuerdo con los fines perseguidos.

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El poder electoral colombiano: en busca del poder neutro
Participación política y organización electoral en Colombia




Por. Carlos Ariel Sánchez Torres

Registrador Nacional del Estado Civil


El pasado 13 de junio el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, tomó posesión como miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. En la ceremonia el Registrador Nacional presentó la ponencia “El poder electoral colombiano: en busca del poder neutro”, en la cual se hace un análisis de la evolución histórica del poder electoral en Colombia desde 1811 a la fecha. Presentamos a continuación un extracto, a partir del momento en el que se elimina la Corte Electoral que nació en 1948 y se reemplaza por el Consejo Nacional Electoral.

Uno de los aportes más importantes a la teoría política moderna, ha sido sin lugar a dudas la inclusión del concepto de poder neutro a la tridivisión clásica de poderes. Este término acuñado por el filósofo y político francés de origen suizo Benjamín Constant de Rebecque, deviene del intento por legitimar la monarquía en una época en la que el concepto liberal de democracia trató de limitar e incluso, desestimar el poder absoluto al interior de las monarquías de la época.

Dicho poder neutro, que para Constant correspondía al poder regio de las monarquías constitucionales del siglo XIX, ha permanecido constante en las democracias modernas, ya no bajo la forma monárquica constitucional, sino bajo figuras como las del poder electoral, poder constitucional y poder de opinión 1 entre otros. Precisamente a lo largo de este escrito, se analizará cómo ha sido la evolución del concepto de poder neutro hasta la actualidad, sirviendo de premisa para una lectura de la organización electoral colombiana, con el fin de evidenciar el proceso de adaptación que ha tenido el poder electoral en la historia, en su búsqueda por consolidarse como poder neutro del Estado (…)



Durante el acto ceremonial estuvieron presentes los miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia: Juan Bautista Parada, Fernán Sarmiento Cifuentes, Marco Morroy Cabra, Carlos Ariel Sánchez Torres, Registrador Nacional del Estado Civil; Rafael Forrero Rodríguez; Alejandro Venegas, Vicerrector de la Universidad del Rosario,
y Luís Augusto Cangrejo Cobos.

Evolución del poder electoral colombiano como poder neutro

La Organización Electoral de la apertura democrática 1986-1991

(…) El 15 de julio de 1986, el presidente Belisario Betancur, haciendo uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 96 de 1985, reunió las normas vigentes en el denominado Código Electoral. Este Código, expedido por el Decreto 2241 de 1986 y aún vigente, mantuvo incólume la estructura de la organización electoral establecida desde la Ley 28 de 1979, salvo la sustitución de la Corte por el Consejo Nacional Electoral de la Ley 96 de 1985. La norma corroboró al Consejo como ente encargado de la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral así como de las funciones escrutadoras-declarativas de las elecciones (Art. 11). Complementariamente, continuó con sus funciones administrativas respecto a la elección y remoción del Registrador Nacional y la aprobación de algunos de sus actos administrativos. Respecto a éste último, la norma le encargó la organización y vigilancia de todo el proceso electoral y en general, todo el funcionamiento de todas las dependencias de la Registraduría Nacional (Art. 26).

Con la llegada de Virgilio Barco a la Presidencia en 1986, se continuó con el proceso de desmonte definitivo del Frente Nacional, para lo cual se propuso una reforma constitucional con el fin de asegurar un papel protagónico a la oposición y facilitar la participación de fuerzas históricamente excluidas por el Estado. Barco continuó con el proceso de paz de su antecesor, “eliminando los perfiles publicitarios del mismo, bajándole tono a la guerrilla e invirtiendo importantes sumas del presupuesto de la Nación en un Plan Nacional de Rehabilitación cuyo objeto era rescatar las zonas de intenso marginamiento, mediante la masiva presencia del Estado” 2.

Es así como en este gobierno se firmó el Acuerdo de Paz con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL), con el cual los grupos desmovilizados obtuvieron importantes concesiones para postularse como movimientos políticos dentro de las vías democráticas legales3. A raíz de estas circunstancias: “A mediados de la administración Barco, se hizo notoria la necesidad de una reforma política orientada a la legitimidad democrática y que fuera capaz de superar la dificultad que se había generado ante el fracaso de los dos proyectos de reforma constitucional en 1977 y 1982, consistente en que por vicios constitucionales de forma o de fondo la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de sus funciones de juez constitucional, declaraba inexequibles tales intentos parciales de reformas a la administración de justicia, al Congreso o al ordenamiento territorial. Se vislumbró entonces la posibilidad de superar tan poderoso escollo político a través del llamado al constituyente primario. Un efímero grupo de estudiantes, “Todavía Podemos Salvar a Colombia”, impulsó la idea de incluir una séptima papeleta en las elecciones para corporaciones públicas, que se realizarían el 11 de marzo de 1990; el pueblo sería consultado sobre la convocatoria de una asamblea nacional pluralista que se encargaría de modernizar al Estado” 4.

Poder electoral colombiano: 1991-2013

Sería esa Asamblea, fruto de la séptima papeleta, la cual fue votada por el pueblo el 27 de mayo de 1990 expresando su apoyo para iniciar una reforma estructural al Estado y la Constitución, la cual vio la luz finalmente el siete de julio de 1991. La nueva Carta Política, elevó a rango constitucional a la organización electoral en el Título IX “de las elecciones y de la organización electoral”. Es interesante en este punto, traer a colación el debate suscitado en la Constituyente al tratar de definir la organización y división del poder público, el cual por la existencia de órganos como el electoral, no respondía ya a la clásica distribución tripartita: “El Estado; en la práctica y no en sus textos, en cuanto hace referencia a su organización y funciones, ha rebasado las doctrinas tradicionales, y ha evolucionado tanto que la actual distribución del poder público, en tres ramas o su ejercicio a través de tres funciones, en verdad, ya no corresponde ni a la teoría ni en la práctica a la estructura real del Estado moderno. Hay órganos que no encuadran en ninguna de las tres clásicas ramas del poder público, porque sus funciones ni son legislativas, ni administrativas, ni judiciales (…) La función electoral que tiene por objeto obtener la pura, seria y genuina expresión de la voluntad general de la opinión pública para mantener o transformar la estructura, organización y funcionamiento del Estado, es otra función pública que requiere ser regulada en forma autónoma e independiente, no sólo porque lógica y materialmente no encuadra dentro de la clásica teoría tripartita, sino porque debe garantizarse la pureza y autenticidad de esa expresión de voluntad, alejándola de cualquier indebida intromisión para que se conserve y amplíe aún más al esencia de la democracia y por sobre todo, se fortalezca el Estado de Derecho” 5.

La Asamblea Constituyente, fue consciente del importantísimo papel de la organización electoral al interior de un Estado de Derecho, la cual no podía supeditarse a alguna de las tres ramas del poder, sino que dada su esencia y funcionalidad, merecía un tratamiento especial en la estructura del Estado colombiano. Y es que el poder electoral, como bien se ha decidido calificar a la función electoral, se constituye en garante de legitimidad de las instituciones públicas y de quienes las conforman. De su estabilidad y neutralidad depende que las diversas controversias que surjan al interior de la sociedad política, se solucionen de manera pacífica. He ahí la importancia de la organización electoral: “Con el ejercicio de la función electoral, se confiere legitimidad en sus orígenes a los órganos del Estado y se da certeza y seguridad a las decisiones que éstos adopten; casi que pudiéramos decir que quien la ejerce, desempeña la máxima autoridad del Estado; y su ejercicio es el cumplimiento de una atribución constitucional, generadora de una situación de derecho, pues confiere nada menos que el Poder Público. Por eso es una función pública. En ella se asienta la legitimidad del poder, la estabilidad de las autoridades y la convivencia pacífica en la sociedad” 6.

Incluso, en algún momento, se propuso en la Constituyente incluir el poder electoral como rama independiente del poder público. Sin embargo, esta clasificación finalmente no fue aprobada7. Empero, bajo estas consideraciones, se trató de estructurar una organización electoral que no respondiera como en la mayor parte de la historia nacional a intereses partidistas o particulares, sino que fuese lo suficientemente neutral e imparcial como para legitimar el ejercicio político y asegurar una inclusión democrática de la oposición. Con tales propósitos, se estableció que las autoridades electorales serían el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, funcionando de manera armónica, más conservando su autonomía la una respecto de la otra.

Inicialmente, el texto aprobado en el artículo 264 de la Constitución de 1991, continuaba con la integración del Consejo Nacional Electoral por no menos de siete miembros, quienes eran elegidos por el Consejo de Estado de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. A su vez, el Consejo tenía la facultad de elegir al Registrador Nacional. En todo caso, ninguno de los miembros del Consejo ni el Registrador podían ser reelegidos.

Esta estructuración del poder electoral, perduró hasta el año 2003. Para aquel entonces Álvaro Uribe Vélez era el Presidente de Colombia, y en el segundo año de su mandato, se expidió el Acto Legislativo 1 de 2003, con el que se adecuó nuevamente la conformación del Consejo Nacional Electoral, aumentando a nueve (9) sus miembros, quienes serían elegidos por el Congreso de la República en pleno, “para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos” 8. Paralelamente, se modificó la forma de escoger al Registrador Nacional, al establecer que serían los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos, los encargados de hacerlo 9.

A finales del decenio pasado se atribuyeron al Consejo Nacional Electoral, funciones que implicaban apreciaciones jurídicas, más exactamente aquellas que tienen ver con la nulidad electoral, quebrando una tradición de más de 70 años, en el sentido de atribuir dicho tema de las nulidades que estaba circunscrito únicamente a la justicia contencioso administrativa.

Lo anterior, se refleja en el Acto Legislativo No. 1 de 2009, que en su artículo 8° establece que el Consejo de Estado debe: “Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley. Parágrafo: Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

Esto supuso otorgar al Consejo Nacional Electoral una facultad que desde la Ley Séptima de 1932 fue privativa de la jurisdicción contenciosa administrativa. De la misma manera, el numeral 12 del artículo 12 del mismo Acto Legislativo, atribuye al Consejo Nacional Electoral la decisión sobre: 12. (…) la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.

Las razones que en 1932 llevaron a limitar las funciones de las corporaciones y comisiones electorales, tenían que ver con la posibilidad de que corporaciones administrativas ejerzan funciones que suponen juicios en derecho y que crean, modifiquen o extinguen situaciones particulares.

No obstante lo anterior, en la sentencia de 18 de octubre de 2012 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado con ponencia del consejero Dr. Alberto Yepes Barreiro, anuló la Resolución No. 754 del 09 de abril de 2010 del Consejo Nacional Electoral, que reglamentó las facultades atribuidas por la reforma realizada al Consejo Nacional Electoral, así como también se anuló en sentencia del 23 de mayo del año en curso, la Resolución No. 093 de 2010, que reglamentó la revocatoria de inscripción de candidatos por inhabilidad. 

Estos fallos marcan un punto de tensión jurídica que resulta de abandonar una tradición jurídica de limitar el Consejo Electoral a actividades más vinculadas a aspectos de la administración judicial.

Conclusiones
Hemos observado que dos temas medulares recorren la historia del poder electoral en Colombia, el primero, quienes designan a quienes van a conformar los órganos del Poder Electoral, y el segundo, cual es la competencia de las Corporaciones Escrutadoras frente a los termas de creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas más allá del simple escrutinio y declaración de resultados electorales.

Frente al primer aspecto, desde 1888, se ha distinguido una corporación con funciones de escrutinio y declaración de elecciones a la que se han añadido las propias de los tiempos actuales de regulación de partidos políticos, campañas políticas, encuestas de opinión, financiación de las campañas entre otras y un órgano no colegiado encargado de organizar las elecciones e identificar a los ciudadanos.

De manera que la más elevada corporación escrutadora ha estado conformada considerando el origen partidista en ocasiones, de algunos de sus miembros, y en otras de todos sus integrantes, y elegidos o designados por otras ramas del poder político; en ocasiones por el Congreso de la República, en otras por el Presidente de la República, en otras por el Consejo de Estado e incluso por la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al Registrador Nacional del Estado Civil, desde la ley 89 de 1948 hasta lo dispuesto en el Acto Legislativo No. 1 de 2003, fue elegido por la corporación escrutadora nacional, llámese Corte Electoral o Consejo Nacional Electoral, por cuanto las funciones que desde 1948 han diferenciado la esencia del Consejo Nacional Electoral o de Corte Electoral con las del Registrador Nacional, no sólo a nivel administrativo y funcional, sino también en cuanto a su naturaleza: mientras que el primero reviste un carácter principalmente político, el segundo se caracteriza por su condición exclusivamente técnica. Esta elemental distinción, es prueba fehaciente del proceso de consolidación del poder electoral como poder neutro del Estado. En tanto el órgano encargado de preparar y celebrar el proceso electoral carece de componentes políticos, al ser únicamente un agente especializado seleccionado por méritos, la legitimidad no sólo de dicho proceso sino también de sus resultados, es absolutamente innegable. Así ha sido corroborado por la Corte Constitucional: “(…) las funciones atribuidas a cada uno de los mencionados órganos permite predicar el carácter técnico de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues la preparación y el desarrollo de las jornadas electorales exigen manejar conocimientos y criterios técnicos, cuya estricta aplicación es garantía de la imparcialidad y transparencia de su actuación, así como fundamento de la confianza de los distintos actores políticos y de la ciudadanía en general. En cambio, en las funciones del Consejo Nacional Electoral se advierte un carácter político que se acentúa cuando se aprecian las competencias que debe ejercer en relación con los partidos y movimientos políticos o respecto de la oposición y de las minorías” 10.

Esta realidad, supone inevitablemente cuestionar si la actual forma de conformación de las autoridades electorales es la idónea para preservar su carácter neutral y garante. Esta discusión, por ahora, ha sido resuelta positivamente a favor de lo consagrado en la Constitución. Como se dijo en consonancia con la Corte Constitucional, hasta ahora se ha acogido la tesis de que la mejor manera de estructurar el poder electoral en el caso por ejemplo del Consejo Nacional Electoral, es mediante la representación de las distintas fuerzas políticas que integran el Congreso. Algunas voces han cuestionado que este manejo es un retroceso de más de cien años, sin embargo creo que la esencia es más que a quien se elige que quien elige, porque tenemos una tradición en el sentido que la representación política tiene una importancia significativa en el órgano colegiado electoral. Con la Ley 96 de 1985 que suprime la Corte Electoral y crea el Consejo Nacional Electoral y en aras de ampliar la participación política se incluyen miembros de los partidos minoritarios en el Consejo Nacional Electoral.

Menos pacifica es la cuestión en torno al alcance de las funciones del Consejo Nacional Electoral o las comisiones escrutadoras frente a temas que más de 75 años fueron conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, situación que deberá definirse en un futuro por el constituyente.

Por lo que los retos que se avizoran en el futuro cercano son enormes. El actual proceso de paz que desarrolla este gobierno, puede traer como resultado inevitable la inclusión de nuevos actores en el ejercicio de la política, tal como ocurrió en los procesos de paz que permitieron que en la constituyente de 1991 estuvieran representados entre otros, el M-19, la Unión Patriótica y otros grupos y movimientos de indígenas, trabajadores, gremios de la producción, estudiantes, etc.11. Si eso llegase a suceder, múltiples y diversos serían las cambios que se deberían adelantar en aras de asegurar la adecuada armonización de las fuerzas al margen de la ley con la institucionalidad nacional.

Seguramente uno de esos cambios afectaría el poder electoral, base y sustento de legitimidad del Estado de Derecho. Y es que la legitimidad, siguiendo a Max Weber, entendida como el conjunto de motivos del interior que justifican la obediencia y el acatamiento de un sistema político determinado por parte de los gobernados12, sólo es posible alcanzarla por medio de instrumentos legales que garanticen la libertad de elección, la toma de decisiones democráticamente y el derecho a la oposición y el respeto a los resultados electorales, entre otros. Estos últimos principios de legitimidad, formulados por Guglielmo Ferrero, el electivo y el democrático13, han de asegurarse en el escenario de una posible desmovilización de grupos armados, para lo cual el papel del poder electoral es indiscutiblemente relevante.

Adicionalmente, no se debe descartar la opción de una eventual reformulación de las normas constitucionales, enmarcadas en uno de nuestros mecanismos de participación ciudadana. Se trata de encontrar una propuesta para reconstruir la formula de legitimidad vigente, siguiendo los postulados contractualistas que señalan la constitución como pacto de paz. Esta idea, si bien puede no contar con un apoyo considerable, puede llegar a presentarse como propuesta para reconstruir la fórmula de legitimidad política vigente o de la legitimidad social, siguiendo los postulados del neocontractualismo de Jhon Rawls 14 entre otros exponentes de esta doctrina.

En sintonía con lo dicho, también es imperativo preservar lo establecido en la Constitución Política del 91, con relación a su autonomía respecto de los demás poderes públicos. En un país preponderantemente presidencialista, es un deber proteger al máximo la incidencia del ejecutivo en órganos como el electoral. A este último, como poder neutro, debe garantizársele su función mediadora, tutelar y reguladora, y así realizarla.

Como se ha observado en este recuento, la historia política ha determinado la estructuración del poder electoral. Cada vez que se presentan cambios en la conformación de los poderes públicos, inevitablemente se presentan cambios en la estructura y función electoral. El interés principal ha de ser entonces, el asegurar al máximo la autonomía y neutralidad de la organización electoral, cualquiera que sea su horizonte en el futuro. Sólo de esta forma se logrará que el poder electoral sea efectivamente, un poder neutro.

Más información en: http://www.registraduria.gov.co/El-Registrador-Nacional-del-Estado,10203.html


1. Constant, Benjamín. Principios de Política. Bogotá. D.E. 1981. Pág. 23.
2. De la Calle Lombana, Humberto. "La reforma electoral en Colombia". En: Memorias del IV Curso Anual Interamericano de Elecciones, IIDH/CAPEL, San José, 1991. Pág. 173.
3. Murillo Castaño Gabriel. Elecciones, partidos políticos y democracia en los países andinos. América Latina Hoy, 2009, Vol. 3, Issue 0. Pág. 11. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/article/view/2136
4. Sánchez Torres Carlos Ariel. Derecho electoral en Colombia (financiación política, publicidad y encuestas). Revista Estudios Socio-Jurídicos, ISSN 0124-0579, Vol. 2, Nº. 2, 2000. Págs. 74-75.
5. Colombia, Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional No. 59. Informe a la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente. Tema Estructura del Estado. 1991. Págs. 14-15. (En línea). http://www.elabedul.net/Documentos/Temas/Asamblea_Constituyente/Gacetas/Gacetas_51-100/gaceta_059.php
6. Ibídem. Págs. 53-54.
7. Los constituyentes Horacio Serpa, Guillermo Perry y Eduardo Verano propusieron incluir un titulo en la Constitución Política intitulado: "Poder Electoral como Rama Independiente del Poder Público". Se argumentó en su momento, que con ello se garantizaría la independencia y la imparcialidad que debían caracterizar la estructura y manejo. de los distintos procesos electorales. Colombia, Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional No. 24. Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 88. 1991. Págs. 107-108. (En línea). http://www.elabedul.net/Documentos/Temas/Asamblea_Constituyente/Gaceta_024.pdf.
8. Artículo 14. Acto Legislativo 1 de 2003.
10. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-230A/08.
11. De la Calle Lombana, Humberto. "Elecciones para Asamblea Constitucional del 9 de diciembre de 1990", en Boletín Electoral Latinoamericano, n° IV, IIDH/CAPEL, San José, 1991. Págs. 22-25.
12. Weber Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México. 1922. Pág. 1507.
13. Ferrero Guglielmo. Poder los genios invisibles de la ciudad. Editorial Tecnos S.A. Madrid. 1998. Pág. 80.
14. Para mayor ampliación sobre los postulados neocontractualistas, se puede consultar: Rawls John. La Teoría de la Justicia.



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Más de 100.000 indígenas han recibido sus documentos de identificación en los últimos 3 años

La Guajira con un gran número de habitantes de las comunidades indígenas Wayúu, Wiwa y Kogui, es el departamento con mayor número de indígenas beneficiados con las campañas especiales de documentación realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Udapv.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, en pro de la identificación de los integrantes de las comunidades indígenas del país, ha realizado campañas de identificación, en 23 departamentos de Colombia, entre los años 2010 y 2012, dirigidas a esta población, garantizando de esta manera el derecho fundamental de todos los colombianos a ser identificados.

Desde el año 2010 a la fecha la Registraduría ha llegado con campañas especiales de documentación a más de 100.000 indígenas en todo el país. De ellos, un total de 90.094 indígenas fue atendido entre 2010 y 2012 a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Udapv, que mediante campañas especiales con unidades móviles logró que indígenas de distintas comunidades del país realizaran sus trámites de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición de tarjetas de identidad o cédulas de ciudadanía de manera gratuita.

A ellos se suman los indígenas identificados en lo corrido de este año: En 2013, durante los meses de febrero, marzo y abril, la Registraduría realizó campañas de identificación para la población indígena de los departamentos de Meta y Guaviare, donde se atendieron indígenas de las comunidades Jiw y Nukak Makú y en el departamento de Magdalena donde se beneficiaron a las comunidades indígenas Chivilongui, Don Diego, Ableyzhi y Mulkuakungui.

La Guajira, donde tienen asiento las comunidades indígenas Wayúu, Wiwa y Kogui, es el departamento con mayor número de indígenas beneficiados con las campañas de identificación realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Udapv, con un total de 23.429 indígenas atendidos.

En 2012, en esta zona del país se atendieron un total de 24.632 personas durante la campaña realizada en los meses de febrero a julio, de los cuales 21.917 fueron indígenas. En 2011se atendieron un total de 5.002 personas de las cuales 1.512 fueron de las comunidades indígenas de La Guajira.

A este departamento le sigue el Chocó donde habitan indígenas de las comunidades Embera Katío, Chamí, entre otras, con 15.322 indígenas atendidos entre 2010 y 2012, y Cesar con 14.680 indígenas Arhuacos.

Otros de los departamentos donde se identificó un número significativo de indígenas, durante las jornadas de identificación realizadas por la Unidad de Atención a Población Vulnerables, Udapv, entre 2010 y 2012 son Nariño, donde habitan las comunidades Awá con 6.804 de estos beneficiados en las campañas, seguido de Vichada con 6.473 indígenas identificados de las comunidades Sikuani, Piapoco, Piaroa, Curripaco, Cubeos y Punaves y Cauca con un total de 5.364 indígenas beneficiados.

De los 90.094 indígenas identificados en las campañas especiales de documentación realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, Udapv, 18.078 se identificaron en el año 2010, otros 29.770 indígenas en 2011 y durante las campañas realizadas en el año 2012 se beneficiaron un total de 42.246 indígenas.

La Delegaciones Departamentales también identifican a los indígenas
Adicional a las campañas de identificación realizadas a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Udapv, las Delegaciones Departamentales, también se han encargado de llevar identificación a la población indígena del país, es por esto, que en el año 2012 se realizaron un total de 13 campañas en los departamentos de Amazonas, La Guajira, Meta, Vaupés, Córdoba y Arauca, donde se atendieron a los integrantes de las comunidades indígenas Yucana, Matapí, Tanimuca, Bora, Wayúu, Sikuaní, Querarí, U`wa, entre otras.

Así mismo en lo corrido de 2013, los departamentos de Arauca, Guainía, La Guajira, Meta y Putumayo ya han realizado varias campañas con el fin de llevar identificación a las comunidades indígenas que habitan en estos departamentos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha llegado a atender a la población indígena de los departamentos de Amazonas, Antioquía, Atlántico, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

Para continuar beneficiando a esta población con su identificación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene previsto a partir de este mes la realización de campañas de identificación en varios departamentos del país, donde habitan comunidades indígenas.

Caracteres especiales en los documentos de identidad
Algunas comunidades indígenas cuentan con un lenguaje diferente al alfabeto tradicional. Al tener sus propios alfabetos, sus nombres y apellidos, cuentan con símbolos y caracteres por fuera del alfabeto de uso común.

El abecedario tradicional español, se compone de 27 letras y 3 dígrafos. La ch, ll y rr son dos letras juntas que representan un sólo sonido. Símbolos como ¥ \¾, entre otros, son conocidos como caracteres especiales, al no hacer parte del abecedario tradicional.

Debido a que la Registraduría Nacional del Estado Civil se encarga de garantizar la plena identificación de todos los colombianos, dándoles prioridad a las comunidades indígenas, se ha venido preocupando por incluir en los documentos de identidad tales como el registro civil de nacimiento, la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía, algunos símbolos representativos de estas comunidades y que son admitidos en los nombres de los colombianos.

Anteriormente, cuando se ingresaban los nombres de indígenas que contenían caracteres como ^\ä, salían símbolos como # % &, que son aquellos que reconocía el computador, lo que quería decir que en ese espacio iba algún carácter especial no identificado.

Esos datos se corregían reemplazando el símbolo manualmente, luego se realizaba la misma corrección en el Archivo Nacional de Identificación, ANI, y se actualizaban los datos para imprimir los documentos con los caracteres especiales que lleven el nombre o apellido.

En la actualidad, el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil, admite algunos caracteres especiales de los códigos Ascii, los cuales pueden ser ingresados en los nombres de los colombianos a la hora de realizar los documentos de identidad, al igual que la letra ñ, la cual no se podía incluir anteriormente en los documentos de identidad.

Por lo anterior, hoy es posible que al momento de registrar a un niño indígena, si su nombre tiene algún carácter especial éste quede grabado de inmediato en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y todos sus documentos, registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía son impresos adecuadamente con los símbolos requeridos, sin necesidad de corrección, respetando así el nombre original asignado al bebé por sus padres o su comunidad étnica.


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La identificación de los indígenas Wayúu, un compromiso de la Registraduría




Por. Diana Irene Jimeno Fuminaya

Delegada de la Registraduría La Guajira


Correo electrónico: dijimeno@registraduria.gov.co


La Constitución Política Colombiana, en su artículo 14, consagra como fundamental el derecho a la identidad, al establecer que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, por esta razón y teniendo en cuenta el deber-ser consagrado en la misión de la Registraduria Nacional del Estado Civil, es que la Entidad, a través de la Delegación de La Guajira, trabaja incansablemente por garantizarle a todos los guajiros el acceso a los servicios de identificación, priorizando la atención a la población de la etnia indígena Wayúu.

Al analizar la topografía del departamento de La Guajira y la organización territorial del mismo, nos encontramos con un gran obstáculo para el cumplimiento del objetivo misional de identificar a la población vulnerable de nuestra región, debido a que por lo disperso de las comunidades, la dificultad de las vías, las distancias entre éstas y las cabeceras municipales, y el grado de pobreza, la población indígena Wayúu no hace uso del derecho de identificación, lo que se traduce en una problemática social, ya que recordemos que este derecho es un requisito indispensable para acceder a todos los programas y beneficios que ofrece el Estado Colombiano como son la salud, la educación, la recreación y la vivienda, entre otros.

Acorde con la realidad de nuestro departamento y con el fin de garantizar el derecho a la identidad de la población más vulnerable de La Guajira, en especial a nuestra población Wayúu, máxima expresión de nuestra identidad cultural, es que la Registraduria Nacional ha diseñado estrategias y mecanismos que le permitan mejorar su capacidad de respuesta institucional, realizando jornadas de identificación masiva, brindando los servicios y atendiéndolos en su lugar de asentamiento y /o rancherías.

Una muestra de los esfuerzos institucionales realizados para facilitar cada día más la identificación a la población Wayúu, son los resultados de las jornadas de identificación realizadas durante el año 2012, donde se atendieron 24.632 personas en los diferentes trámites de registro civil de nacimiento, tarjetas de identidad y cedulación. El desarrollo de esta campaña de identificación fue el resultado del trabajo mancomunado que lideró la Registraduria Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable (Udapv) y la Delegación Departamental de La Guajira, con el apoyo de las oficinas municipales y departamental de Asuntos Indígenas, las administraciones municipales, los líderes de las comunidades, la Secretaría de Salud, la Red Unidos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Estas jornadas se realizaron desde el 6 de febrero hasta el 29 de julio de 2012 y se priorizaron los municipios con mayor presencia de población indígena del departamento, donde existía la mayor necesidad del servicio, es así que se hizo presencia en los municipios de Uribía, Manaure, Maicao, Riohacha, Albania, Dibulla y San Juan del Cesar. Cabe anotar que la Registraduría Nacional del Estado Civil asignó para esta campaña una unidad móvil que cuenta con equipos satelitales y así facilitar rápidamente el trabajo de identificación de la población.

Es importante resaltar que durante el desarrollo de estas jornadas se destaca el respeto que se tiene por las tradiciones, usos y costumbres de las comunidades indígenas, enfocando nuestro actuar hacia el cumplimiento de los preceptos constitucionales que reconocen la diversidad étnica y cultural en Colombia, por lo tanto se respeta la tradición cultural de estas comunidades.

Para nosotros, miembros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es sumamente gratificante contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de estos nuestros coterráneos, brindándoles a través de la identificación la posibilidad de acceder a la oferta de bienes y servicios ofrecidos por el Estado colombiano, como primer paso para eliminar la pobreza y la desigualdad social en el territorio Guajiro.


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La comunidad indígena está presente en el Congreso de la República

La representación y la defensa de los intereses étnicos se manifiesta en las circunscripciones nacionales especiales, que aseguran la participación de los grupos indígenas en el Congreso de la República.

Actualmente las comunidades indígenas cuentan con la posibilidad de tener tres escaños con los cuales hacen representación en el Congreso de la República. Una curul la ocupan en la Cámara de Representantes y dos en el Senado de la República.

En Colombia la Constitución Política incluyó en su artículo 171 la conformación del Senado de la República, compuesto por los miembros elegidos en la circunscripción nacional y por dos adicionales elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, siendo ésta la única comunidad étnica que tiene representación en el Senado.

El artículo 171 dice así “El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas”.

Así mismo, en su artículo 176 la Constitución determinó la creación de una circunscripción nacional especial para permitir la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos en el exterior en la Cámara de Representantes.

Este artículo fue reglamentado por la Ley 649 de 2001 y en su artículo 1 estipula que “De conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política habrá una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior”.

En la Cámara de Representantes una de las cinco curules que conforman la cámara nacional especial es para las comunidades indígenas. 

Para las elecciones de Congreso que se realizaron el 14 de marzo de 2010, para la Cámara de Representantes se presentaron 280 listas por circunscripción territorial, de las cuales 3 eran indígenas. 

En el caso del Senado, de las 19 listas que se inscribieron por la circunscripción nacional, 5 lo hicieron en la indígena.


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La tarjeta de identidad azul biométrica: único documento para los niños y niñas desde los 7 años


Desde junio, los menores de edad desde los 7 años que realicen el trámite para obtener su documento de identidad por primera vez tienen la tarjeta de identidad azul biométrica.

Desde el 26 de junio de 2012, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció que la tarjeta de identidad azul biométrica sea el único documento de identidad que se expida para todos los niños y niñas desde los 7 años en todo el territorio nacional.

El proceso de expedición de este documento de identidad comenzó a implementarse desde el 24 de julio de 2012 de una manera gradual. Primero comenzó en las principales capitales de departamento y así se fue extendiendo a los diferentes municipios del país, para que la tarjeta de identidad rosada, con la que aún se identifican algunos niños y niñas menores de 14 años, sea eliminada por completo y todos los menores de edad cuenten con este nuevo documento de identificación.

La tarjeta de identidad biométrica se comenzó a expedir el 22 de agosto de 2008 para los adolescentes que realizaban el trámite de la renovación de su documento a los 14 años.

La necesidad de incluir parámetros de seguridad llevó a la Registraduría a crear este nuevo formato de documento mucho más seguro y elaborado, con las mismas ventajas que tenía la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas.

Así surge hace ya cinco años la tarjeta de identidad azul biométrica, de la necesidad de brindarle a los niños, niñas y jóvenes del país, un sistema de identificación más seguro, con mayores estándares de calidad.

La tarjeta de identidad azul biométrica es producida en la fábrica de documentos de la Registraduría Nacional ubicada en Bogotá, donde se produce también la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. Este documento trae impreso un código de barras con la información biométrica del menor de edad, lo cual impide su falsificación. Así mismo incluye la huella dactilar, una fotografía a color, la firma, lugar y fecha de nacimiento y de expedición de la tarjeta de identidad.

El diseño del documento incluye microtextos, impresión irisada y papel de seguridad que brinda mayores estándares de invulnerabilidad.

La inclusión de los jóvenes en el sistema de identificación biométrico del país, representó una serie de beneficios tanto para el menor de edad que porta el documento de identidad, como para las entidades públicas y privadas en el momento de prestar sus servicios.

Este documento azul biométrico permite realizar validaciones contra el propio documento de identidad o vía web, contra la base de datos Afis, que es el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar de la Registraduría Nacional.

Adicionalmente, este documento ofrece mayor rapidez y seguridad para ser identificados en casos como el de salir fuera del país; para ser reconocidos en clínicas y hospitales; para verificar su identidad en investigaciones judiciales, entre otros.

Desde agosto de 2008, año en que se inició con la producción de la tarjeta de identidad azul biométrica al 1 de julio de 2013, la Registraduría ha producido un total de 2.843.313 tarjetas de identidad azules para los niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 17 años de edad.

Con la producción de la tarjeta de identidad azul biométrica, la Registraduría Nacional inició con el proceso de captura de las huellas dactilares de los jóvenes entre los 14 y 17 años de edad y a partir de julio de 2012 comenzó a incorporar a los niños y niñas desde los 7 años. Así mismo comenzó con su inclusión en el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar, Afis, lo que le permite a la Entidad contar en la actualidad con las huellas de casi la totalidad de la población colombiana.

De esta manera los datos y la información biográfica de los niños y niñas del país, se están incorporando al sistema de identificación biométrica, lo que facilita su individualización.

Al 1 de julio de 2013 las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil cuentan con 945.638.501 huellas dactilares, de las cuales 22.702.295 corresponden a los niños, niñas y jóvenes que se han acercado a las diferentes sedes de la Entidad en el territorio nacional a realizar el trámite de su tarjeta de identidad biométrica.

De estas 22 millones de huellas, un total de 4.780.974 corresponden a niños entre los 7 y 13 años y 17.921.321 a los jóvenes entre los 14 y 17 años de edad.

Con la implementación de este documento de identidad se logra un gran paso para la identificación de los niños, niñas y jóvenes del país para realizar el ejercicio de sus derechos, los cuales se obtienen desde la identificación.

Requisitos para tramitar la tarjeta de identidad azul biométrica a los 7 años:

Requisitos para la expedición de la tarjeta de identidad azul biométrica a los 7 años:

- Tener 7 años cumplidos
 - Acudir a cualquier Registraduría del país.
 - Presentar copia auténtica del folio del registro civil de nacimiento con espacio de notas de recíproca referencia.
 - Conocer el grupo sanguíneo y factor RH o llevar el certificado..

- Llevar 3 fotos de 4x5 en fondo blanco, preferiblemente con ropa oscura ( para el caso de Bogotá no se requieren, así como en las Registradurías donde haya Booking). Para verificar las Registradurías que cuentan con booking ingrese aquí

Los niños y niñas que ya porten su documento de identidad en formato rosado deben esperar a cumplir los 14 años de edad para renovar su tarjeta de identidad.

Requisitos para la renovación de la tarjeta de identidad azul biométrica a los 14 años:

- Tener 14 años cumplidos.

- Acudir a cualquier Registraduría del país.

- Presentar la tarjeta de identidad anterior, ya sea la rosada o la azul biométrica.

- Presentar fotocopia del registro civil de nacimiento.

- Conocer el RH y grupo sanguíneo.

- Llevar 3 fotos de 4x5 en fondo blanco, preferiblemente con ropa oscura (para el caso de Bogotá no se requieren, así como en las Registradurías donde haya Booking). Para verificar las Registradurías que cuentan con booking ingrese aquí

Requisitos para tramitar el duplicado de la tarjeta de identidad azul biométrica:

 - Acudir a cualquier Registraduría del país.

 - Presentar la consignación en Banco Popular o en el Banco Agrario, el cual tiene un costo de $34.050.

 - Conocer el RH y grupo sanguíneo.

 - Llevar 3 fotografías 4x5 de frente, fondo blanco, preferiblemente con ropa oscura.( para el caso de Bogotá no se requieren, así como en las Registradurías donde haya Booking ) Para verificar las Registradurías que cuentan con booking ingrese aquí

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La identificación biométrica para niños y niñas desde los siete años ahora es en todo el país

En Colombia los menores de edad adquieren su primer documento de identidad a partir de los siete años. Desde el 24 de julio de 2012, acceden a la tarjeta azul biométrica, que desde agosto de 2008 era sólo para los jóvenes que a los 14 años renovaban este documento.

Desde el 26 de junio de 2013 la Registraduría Nacional del Estado Civil extendió la identificación biométrica a los menores de edad que alcanzan los siete años en todos los municipios del país. Los niños y niñas que antes recibían la tarjeta de identidad rosada, acceden ahora a la tarjeta de identidad azul biométrica, un documento seguro basado en el cotejo automatizado de sus huellas dactilares.

Por medio de la Circular 112 del 26 de junio de 2013, la Registraduría Nacional del Estado Civil, inicia la expedición de la tarjeta de identidad en formato biométrico a los menores de edad que cumplen siete años de edad, en todas las oficinas de la Registraduria en el país y en los Consulados de Colombia en el exterior.

El proceso de expedición de la tarjeta de identidad biométrica a partir de los siete años de edad inició en Bogotá y en las capitales de departamento el 24 de julio de 2012 y más adelante se extendió a cerca de 200 municipios zonificados del país.

Con la expedición de la tarjeta de identidad azul biométrica para los niños y niñas a partir de los siete años, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio cumplimiento de su misión Institucional y de lo dispuesto en el Artículo 19 del la Ley Antitrámites, “La verificación de la identidad de personas mayores de siete años que no hayan cumplido la mayoría de edad se hará mediante la exhibición de la tarjeta de identidad y la obtención de la huella dactilar”.

El trámite para expedir la tarjeta de identidad azul biométrica sólo lo deben realizar los niños y niñas a partir de los siete años, que no hayan solicitado u obtenido previamente la tarjeta de identidad en formato rosado. Quienes ya porten su documento de identidad formato rosado deben esperar a cumplir los 14 años de edad para renovar su documento y así obtener el formato azul biométrico de la tarjeta de identidad.

¿Qué es identificación biométrica?
La manera más fácil de entender el término, es haciendo una comparación con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, que identifica actualmente a los colombianos, de hecho, estos dos documentos se fabrican con los mismos materiales, llevan fotografía a color, tienen marcas de seguridad por anverso y reverso, código de barras bidimensional y codificación de las impresiones dactilares.

Cuando un menor de edad se acerca a la Registraduría a tramitar su tarjeta de identidad se toman las impresiones dactilares de los diez dedos de la mano de manera digital.

Tanto las huellas dactilares como los datos biográficos, son almacenados en el Sistema Automático de Identificación Dactilar, Afis (o Automated Fingerprint Identification System por sus siglas en Inglés), sistema que mide e identifica alguna característica morfológica que diferencia a una persona de otra, en este caso la huella dactilar.

Con lo anterior, las personas se individualizan dentro de esta base de datos, lo que permite identificar a un menor de edad con su huella dactilar, donde el Afis realiza un cotejo en fracción de segundo y verificando plenamente la información del portador del documento, debido a que allí reposan de huellas de todos los colombianos que desde 1952 han realizado algún trámite con su cédula, los jóvenes mayores de 14 años que desde 2008 han renovado su tarjeta de identidad y los menores de edad que desde julio de 2012 adquirieron el documento biométrico.


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La tarjeta de identidad: evolución hacia el sistema biométrico

En 1970, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1260 de 27 de julio, facultó a la Registraduría Nacional del Estadio Civil para expedir la tarjeta de identidad para identificar a los mayores de siete años y menores de 21.

Desde 1972 a hoy, a los colombianos mayores de siete años y hasta alcanzar su mayoría de edad, se les ha expedido su tarjeta de identidad. Este documento que primero se presentó en un formato blanco laminado, en 1989 pasó al formato rosado y desde 2008 se entrega en formato azul biométrico.

A partir de enero de 1972, y después de la expedición del Decreto 1694 que reglamentó el Decreto 1260 de 1970, se empezó a expedir en Colombia la tarjeta de identidad para todos los colombianos mayores de siete años y menores de 17.

Aunque en un principio se señaló que la tarjeta de identidad debía ser expedida hasta los 21 años de edad, el Acto Legislativo 1 de 1975 definió que la mayoría de edad en Colombia se alcanzaba a los 18 años de edad.

El Decreto 1260 de 1970 contiene el Estatuto del Registro del Estado Civil, y en su Artículo 109 señalaba que “la Registraduría Nacional del Estado Civil expedirá tarjetas de identidad a las personas que hayan cumplido siete años de edad, y la renovará a quienes hayan cumplido catorce”.

En esta misma norma se definió que las tarjetas debían indicar el nombre del interesado, el lugar y la fecha de nacimiento, lo mismo que el código del folio de registro de nacimiento y de la oficina donde se sentó.

Para enero de 1972, la Registraduría Nacional comenzó a expedir la tarjeta de identidad, cuyo primer ejemplar fue otorgado a la niña Teresita de Jesús Paba Lizarazo, bajo el número 621024-000017 de Pamplona, Norte de Santander.

Diferentes formatos: primero blanca laminada
Los menores de edad, que para 1972 tuviesen entre siete y 17 años, para poder realizar el trámite de la tarjeta de identidad, debían acudir con unos de los padres a cualquier sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con el registro civil de nacimiento más una fotografía de 5 cm x 4 cm.

Allí el funcionario debía llenar los dos juegos de tarjetas: la alfabética y la decadactilar. Uno de estos dos documentos quedaba en la respectiva oficina para su posterior archivo, el otro se debía enviar a la División de Identificación de Menores de la Registraduría Nacional, para así iniciar con la producción del documento.

Una vez la tarjeta de identidad era expedida por la Registraduría, se enviaba a la oficina donde se solicitó, previamente firmada por el Registrador Nacional del Estado Civil. El documento era de formato similar a la cédula blanca laminada y contenía la foto a blanco y negro del menor de edad, los datos biográficos, la firma del niño o niña y el escudo de Colombia de color verde.
 
A la tarjeta de identidad se le asignaba con el sistema del Número de Identidad Personal, Nip, el cual estaba compuesto por 11 dígitos, distribuido en una parte básica y otra complementaria. La básica contenía seis dígitos que correspondían a la fecha de nacimiento en el siguiente orden: año, mes y día (AA.MM.DD), mientras que la parte complementaria consistía en un número de cinco dígitos que era asignado por el sistema durante la grabación del registro de nacimiento.

Tarjeta de identidad rosada
A partir del año 1989, la tarjeta de identidad cambió de apariencia y tamaño, ya no sería blanca, sino de color rosado con unas medidas de 5 cm x 9 cm, impresa en un papel de esta tonalidad, que le daba su característico color, además de poseer una tinta fluorescente a la que se adhería la foto del menor que solicitó el trámite.

Mediante la Resolución 1985 del 27 de julio de 1989, se determinó que a partir del 1 de noviembre de ese año, el proceso de expedición del documento se descentralizaba y cada registrador municipal haría la respectiva expedición y firma del mismo.

Las características físicas que presentaba este tipo de tarjeta de identidad era: en la cara anterior contenía toda la información del menor, tales como el número de identificación, nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, así como la fecha de expedición y vencimiento del documento. En su parte posterior, iba adherida la fotografía del menor de edad de 2.5 cm x 2.5 cm, además de la impresión de la huella del dedo índice, la firma del registrador más el sello de la oficina que expidió dicho documento.

Diez años después de su implementación, mediante el decreto 1122 del 26 de junio de 1999, en su artículo 50 eliminó la expedición de la tarjeta de identidad para los menores de edad. Este artículo también determinó que para trámites de identificación, el registro civil de nacimiento era el único documento que podía identificar a los niños y las niñas.

Pasados cinco meses de la expedición del decreto 1122, la Corte Constitucional mediante sentencia C-93 de 18 de noviembre de 1999 , declaró inexequible este decreto, a lo cual regiría de nuevo, la expedición de la tarjeta de identidad para los menores de 18 años de edad.

Tarjeta de identidad azul biométrica
El 22 de agosto de 2008, la Registraduría presentó el nuevo modelo de tarjeta de identidad conocido como azul biométrico por sus características semejantes a la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, iniciando así ese día con su producción en la fábrica.

Este tipo de tarjeta se comenzó a expedir para aquellos menores de edad que a partir de la fecha de su presentación cumplían los 14 años de edad y acudían a las sedes de la Entidad a renovar su documento.

Este formato de tarjeta azul o “precédula”, trae un código de barras con la información biométrica del titular de la tarjeta, lo que imposibilita la falsificación, además de incluir la fotografía a color, la firma, una huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento, así como el lugar y la fecha de expedición de éste.

Para el proceso de expedición se toman las impresiones dactilares de los diez dedos de la mano del adolescente, para luego ser almacenados en el Sistema Automático de Identificación Dactilar, Afis, permitiendo así identificar al titular del documento en fracciones de segundos, para poder facilitar los trámites en colegios, universidades, bancos, aeropuertos y demás espacios que requieran la plena identificación.

Este moderno diseño también incluye microtextos, impresión irisada y el papel de seguridad que brinda mayores estándares de vulnerabilidad.

Este formato se extendió a partir del 24 de julio de 2011 para niños y niñas de ciudades capitales que cumplían sus siete años de edad y paulatinamente a otras ciudades hasta que a partir del 26 de junio de 2013 el formato se empezó a expedir en todo el país para todos los menores de edad que cumplen sus siete años.

Todo lo anterior corresponde al proyecto ambicioso de la Registraduría, que permite la unificación de los formatos de tarjeta de identidad en uno solo, de tal manera que a mediano plazo desaparezca la tarjeta de identidad rosada.



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Estas son las características de la tarjeta de identidad azul biométrica

La tarjeta de identidad azul biométrica cuenta con características similares a las de la cédula de ciudadanía con el fin de brindar seguridad y plena identidad a los menores de edad, desde que cumplen los siete años de edad y hasta los 17 años.




 

Seguridad: el mayor beneficio que trae la tarjeta de identidad azul biométrica


La tarjeta de identidad azul biométrica es un documento con los más altos estándares de calidad y seguridad para la identificación de los menores de edad, que trae beneficios para las familias y el Estado.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha venido preocupándose por entregarle a los niños, niñas y jóvenes del país un documento de identidad que garantice su identificación y así mismo les brinde beneficios a la hora de presentarla en cualquier lugar, tanto a los titulares del documento como a las entidades a donde se dirigen.

Es así como la tarjeta de identidad biométrica beneficia a los menores de edad, en tanto pueden acceder a los servicios educativos, de salud o financieros, entre otros, con un documento confiable y seguro que además les permite a las diferentes entidades conocer la plena identidad de los niños desde los siete años de edad y así saber que quien se presenta a matricularse a un colegio es quien dice ser, o quien va a una entidad de salud, es el titular del documento.

De esta manera la tarjeta de identidad no sólo trae beneficios a los menores de edad y sus familiares, en el caso de acceder a los servicios del Estado o a las diferentes entidades. La tarjeta de identidad azul biométrica también beneficia al Estado, ya que al generar la plena identidad de los menores de edad, también da certeza de la identificación de niños, niñas y jóvenes, en el caso de salidas del país, o de menores de edad infractores, o menores que podrían estar suplantando a otros.

Frente a estos casos, el Gobierno Nacional ha dicho que el Estado pierde cuantiosos recursos o los pone en riesgo al no tener la plena identidad de los menores de edad que pueden acceder a los programas sociales del Estado, pero con la tarjeta de identidad azul biométrica todas las entidades pueden conocer la pena identidad de sus usuarios y así ofrecer los beneficios de los diferentes programas al verdadero niño o niña y no a “estudiantes fantasmas” o “enfermos fantasmas”, u otros casos de posible fraude por suplantación.

Para la elaboración de este documento de identidad es necesario que el menor de edad registre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil las impresiones dactilares de los 10 dedos de las manos. Este hecho permite al Estado en caso de requerirse, el reconocimiento de los llamados “menores de edad NNs”, los cuales, con la tarjeta de identidad biométrica, pueden ser identificados a partir no sólo de su información personal, sino con el cotejo de las huellas dactilares o incluso de un fragmento de éstas.

De otro lado, la tarjeta de identidad azul biométrica da mayor seguridad a padres e hijos, en la cotidianidad como lo es el caso de migración, al permitir identificar plenamente a los niños, niñas y jóvenes que se trasportan dentro y fuera del país. Otra ventaja puede darse cuando por alguna razón se encuentran menores de edad en clínicas u hospitales, sin la capacidad de dar información sobre sus padres o simplemente menores de edad que se pierden en un centro comercial o parque y no saben informar la ubicación de su domicilio.

Éstos y muchos más son los beneficios que trae un documento como la tarjeta de identidad biométrica con los mejores estándares de calidad y seguridad para la identificación de los menores de edad. Como se puede ver, los beneficios que trae son innumerables para los sectores tanto públicos como privados y para los usos cotidianos como de investigación y de gran importancia en el país.


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La tarjeta de identidad rosada aún está vigente


Los niños y niñas que ya cuentan con su tarjeta de identidad rosada deberán esperar hasta los 14 años para renovarla, lo que quiere decir que en un término de siete años, la tarjeta de identidad rosada desaparecerá.

Debido a la implementación de la tarjeta de identidad azul biométrica para los niños y niñas desde los siete años de edad en todo el país, la tarjeta de identidad rosada desaparecerá en un lapso de siete años, con el fin de ofrecer un documento con mayores medidas de seguridad a los menores de edad.

El 26 de junio de 2013, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Circular 112 en la cual reglamenta que a partir de la fecha se ofrece a los niños y niñas desde los siete años de edad y hasta los 13, la tarjeta de identidad azul biométrica en todas las sedes de la Entidad en el país y en el exterior.

Sin embargo, no significa que la tarjeta de identidad en formato rosado pierda su vigencia a partir de la fecha, ya que la Circular 112 del miércoles 26 de junio del presente año aclara que “los niños y niñas que a la fecha hayan tramitado su tarjeta de identidad en papel (color rosado), deberán esperar a cumplir los 14 años para solicitar la renovación”.

Así mismo, en caso de pérdida o robo del documento de identidad, quienes ya cuentan con su tarjeta de identidad rosada, al tramitar el duplicado, recibirán nuevamente el formato de tarjeta de identidad rosada y no la tarjeta de identidad biométrica, que sólo les será entregada al renovar el documento a los 14 años de edad. De igual manera se llevará a cabo el trámite en caso de rectificación del documento de identidad en formato rosado.

Una vez los menores de edad que hoy cuentan con la tarjeta de identidad rosada, realicen la renovación de su documento, al cumplir los 14 años de edad, serán menos los niños y niñas que utilicen este formato de documento de identidad y en un término de siete años, todos los niños, niñas y jóvenes se identificarán con el formato de tarjeta de identidad azul biométrico.

De esta manera, la Registraduría avanza día a día para que la tarjeta de identidad rosada sea remplazada por la azul biométrica y todos los menores de edad cuenten con un documento seguro y que permita identificarlos ante cualquier situación.


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Tarjetas de identidad biométricas producidas desde 2008










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Así pasó julio

Más de 115.000 colombianos ya inscribieron su cédula para votar en las elecciones de 2014


Un total de 115.504 ciudadanos se acercaron entre el pasado 9 de marzo y el miércoles 3 de julio a las sedes de la Registraduría en todo el país y a los consulados de Colombia en el exterior para inscribir su cédula para participar en las elecciones de 2014.

La inscripción de cédulas no tiene costo y pueden hacerla sólo quienes hayan cambiado de lugar de residencia o domicilio, o quienes nunca hayan votado y su cédula fue expedida antes de 1988. Los jóvenes que acaban de recibir su cédula no deben realizar este procedimiento ya que al recibir su documento de identidad ingresan automáticamente al censo electoral y sólo requieren inscribir su cédula si cambian de domicilio o residencia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ya realiza la inscripción de cédulas de forma automatizada en los 32 departamentos del país. La automatización del proceso de inscripción de cédulas comenzó a implementarse de manera gradual desde el 16 de mayo de 2013 y al Miércoles 3 de julio ya funciona en todo el territorio nacional.

52.957 ciudadanos ya se habían inscrito de forma automatizada en todo el país y 45.319 lo realizaron de la forma tradicional que se hacia en papel, para un total de 98.276 ciudadanos que se han acercado a las diferentes sedes de la Registraduría a inscribir su cédula de ciudadanía, mientras que en los diferentes consulados y embajadas de Colombia en el exterior, otros 17.228 colombianos se han acercado a inscribir su cédula de ciudadanía.


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Con identificación biométrica de sufragantes y gran celeridad en la entrega de resultados, la Registraduría realizó con éxito la elección de alcalde de Cartagena


Con identificación biométrica de sufragantes, los ciudadanos Cartagena eligieron el pasado 14 de julio a su nuevo alcalde, en jornada electoral que transcurrió con transparencia y en completa normalidad.

Durante el transcurso del día se destacó el éxito en el despliegue del sistema de identificación biométrica. La Registraduría instaló 700 estaciones para la identificación de los sufragantes al ingreso de 63 puestos de votación. 647 de estas, se ubicaron en zona urbana, 20 en los dos puestos censo y las 33 restantes en el área rural de la ciudad, para garantizar que no se presentara fraude por suplantación de votantes o jurados de votación.

Luego del cierre de las urnas, a las 4:00 pm, la Registraduría inició con los procesos de transmisión, consolidación y divulgación de los resultados de preconteo, a través de la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co y a las 5:12 pm, es decir 72 minutos después del cierre de las urnas, expidió el boletín número 27 con el 100% de las mesas informadas.

De acuerdo con el conteo de mesa realizado por los jurados de votación, Dionisio Vélez Trujillo, de la Coalición de los partidos Liberal Colombiano y Partido Verde, es el nuevo alcalde de Cartagena. El Boletín 27 emitido a las 5:12 pm con el 100% de las mesas informadas indica que el candidato obtuvo 95.870 votos.

Así mismo, tan pronto los jurados terminaron su labor se inició la digitalización de los formularios E-14 o actas de escrutinio suscritas por los jurados de votación, como medida de transparencia para evitar la manipulación, alteración o fraude durante la jornada electoral.



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Agenda: Vea acá la agenda del mes de agosto

Jueves ViernesSábado Domingo Lunes Martes Miércoles
1
2
3
Identificación

- Antioquia: Campañas de identificación Registraduría América, Medellín


- Amazonas:
Feria Nacional
de Servicio al Ciudadano de 2013 en el municipio de Leticia


- Valle: Campañas especiales de identificación en el municipio de Santiago de Cali

Electoral
4
5
Vigésima primera sesión de la Comisión Asesora para la implementación del Voto Electrónico
Identificación
- Caldas: Campaña de identificación en
las instituciones educativas santa Teresita y José Antonio Galán
de Manizales
Electoral
6
Identificación
- Antioquia: Campañas de identificación en la Registraduría Castilla, Medellín

- Caldas: Campaña de identificación en la institución educativa José Antonio Galán
en Manizales
Electoral
- 
7
8
9
10
11
12
Identificación
- Caldas: Campaña de identificación en
la institución educativa San Peregrino en Manizales

- Magdalena: Jornada de identificación en el municipio de Sabanas de
San Angel.

Electoral
13
14
Vigésima segunda sesión de la Comisión Asesora para la implementación del Voto Electrónico
15
Identificación 
Electoral
16
17
Identificación
- Magdalena: Jornada de identificación en los municipios El Banco y Nueva Granada.
Electoral
18
19
20
21
Vigésima tercera sesión de la Comisión Asesora para la implementación del Voto Electrónico
Identificación
- Bogotá: Campaña especial de tarjetas de identidad en el Colegio Jairo Anibal Niño

- Caldas: Campaña de identificación
en la institución educativa
La Trinidad en Manizales

- Magdalena: Jornada de identificación en el municipio de San Zenón.
Electoral
22
Identificación
- Bogotá: Campaña especial de tarjetas de identidad en el Colegio San José de Castilla

-Magdalena:
Jornada de identificación en los municipios Algarrobo, Guamal, Pedraza, Pijiño
del Carmen y Sitionuevo.


- San Andrés:
Jornada de identificación en Colegio Sagrada Familia.

Historia
23
Identificación
- Caldas:
Campaña de identificación
en la institución educativa
La Trinidad
en Manizales

- Magdalena: Jornada de identificación en los municipios Chivolo, El Piñón, El Retén, Guamal, Pivijay,
San Sebastián
y Sitionuevo.
Electoral
24
Identificación
- Magdalena: Jornada de identificación en los municipios de El Piñón, Pueblo Viejo
y Zapayán.

- Valle: Campañas especiales de identificación en el municipio de Santiago de Cali
Electoral
25
Historia

61 años del voto femenino: las mujeres adquirieron el derecho al voto con el Acto Legislativo
No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente,
el 25 de agosto
de 1954

26
Identificación
- Caldas: Campaña de identificación en colegio Latinoamericano de Manizales

Electoral
 
27
28
Vigésima cuarta sesión de la Comisión Asesora para la implementación del Voto Electrónico.
Identificación
- Caldas: Campaña de identificación
en colegio Latinoamericano de Manizales
Electoral
 
29
Identificación
- Magdalena:
Jornadas de identificación en el municipio de Remolino.
Electoral
30
31
Identificación
- Magdalena: Jornada de identificación
en el municipio
de El Banco.
Electoral
 

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